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Juan Pablo Celis y Miguel Pereira Mendes| IFC/Banco Mundial

A pesar de que América Latina y el Caribe se encuentra más conectada que nunca, los países de la región aún se enfrentan a una gran brecha digital.  Aproximadamente 200 millones de personas carecen de acceso a infraestructura digital básica y, para muchas más, ese acceso es de mala calidad o demasiado costoso.

Pese a los avances alcanzados en la última década, más de un tercio de los hogares todavía no cuenta con una conexión a internet y la región continúa rezagada frente a otras economías (gráfico 1). A este panorama se ha sumado la crisis de COVID-19 la cual ha provocado una transición rápida pero desigual hacia las interacciones digitales como el trabajo remoto, la educación en línea, el comercio electrónico, la salud digital y muchos otros aspectos de nuestras vidas que alguna vez se llevaron a cabo en persona. Mientras seguimos adaptándonos a este entorno digital también nos preguntamos, ¿Cuáles son los principales obstáculos que limitan el acceso a servicios digitales?  ¿Cómo podrían aumentar las inversiones en infraestructura digital?

La exclusión digital es un problema multidimensional

Una de las razones por las que muchas personas de América Latina no acceden a los servicios digitales es el elevado costo de la conectividad en relación con los ingresos del hogar.  Según nuestros estimativos, el precio promedio de 1 GB de datos móviles en 2020 fue de US$2,74 –con base en una muestra de 21 países de la región. Panamá se ubica en el tope de la lista (US$6,66) mientras que Chile tuvo el precio más bajo (US$0,71). No obstante, expresado como porcentaje del ingreso per cápita mensual, Haití y Bolivia habrían sido los países con el costo más elevado (2,6 % y 1,7 %, respectivamente).

De manera similar, cuando se analizaron los precios de banda ancha, Haití volvió a ubicarse como el país más costoso para acceder a internet, tanto en términos absolutos como relativos, con un valor promedio del paquete de datos de US$123,75 por mes.

Sin entrar en los detalles de cada país y reconociendo las particularidades de cada uno, estudios previos coinciden en que la combinación de varios factores incide en el elevado costo para los hogares, tales como la limitada competencia en el mercado de las comunicaciones, complejas estructuras regulatorias, altas tarifas de instalación y el elevado precio de los dispositivos móviles.

Si bien la asequibilidad es uno de los principales factores de la exclusión digital otras barreras también limitan el acceso y uso de internet.  En este grupo se encuentran principalmente la debilidad en la infraestructura de telecomunicaciones e ineficiencias en la prestación de servicios, que en su conjunto restringen la llegada de los servicios digitales a una parte significativa de la población. A lo anterior se suman los elevados gastos de operación y mantenimiento de las redes en la región, lo que desincentiva las inversiones y desarrollo digital que tanto se necesitan.

Es hora de invertir más para ayudar a cerrar la brecha digital

Las inversiones con impacto regional podrían generar una mayor participación del sector privado en el desarrollo digital.  Las empresas de telecomunicaciones tienen una clara preferencia por operar en mercados de gran tamaño y rápido crecimiento, lo que explica por qué la conectividad digital sigue siendo limitada especialmente en los países del Caribe y América Central.

 En este sentido, las economías pequeñas y medianas de América Latina y el Caribe podrían beneficiarse mutuamente al diseñar y promover proyectos con impacto sub-regional. Para ello es necesaria la coordinación regulatoria y de los marcos normativos. Otra vía es el uso de fondos para el desarrollo digital, con el fin de apoyar proyectos con distintas características y perfiles de riesgo (inversiones en infraestructura digital, centros de datos, servicios financieros digitales y desarrollo de plataformas digitales, entre otros).

Al diversificar el portafolio de inversiones se lograría aumentar tanto el número, así como el valor de los proyectos financiables, al tiempo que los administradores del fondo podrían hacer una gestión más eficiente de los recursos. Sin duda, las instituciones financieras internacionales pueden jugar un rol importante acá, entrando como socio estratégico con operadores privados que permita reducir el riesgo asociado a estas operaciones y asesorando la estructuración de los proyectos.

Más aún, es fundamental mejorar la infraestructura digital y la prestación de servicios en zonas rurales.  En estudios anteriores se observa que los proyectos de tecnología de la información y las comunicaciones ejecutados en zonas rurales presentan una complejidad adicional asociada a la obtención de capital a tasas de interés competitivas, la participación gubernamental, las consideraciones ambientales y las muchas veces complejas condiciones geográficas.

Todo lo anterior encarece el proyecto y por ende dificulta la llegada de inversión privada en las zonas más remotas y menos pobladas. Este problema no es exclusivo de la región, ocurre en la mayoría de los países emergentes, pero en América Latina y el Caribe la implementación de mecanismos que contribuyan a reducir estos problemas es más baja.

Al igual que la creación de fondos especiales para el financiamiento de proyectos digitales, instrumentos alternativos con enfoque rural también harían más viable los proyectos de desarrollo digital en estas zonas. La Corporación Financiera Internacional (IFC) podría desempeñar un papel de liderazgo en esta área apoyando estos mecanismos (tales como inversiones bajo esquemas de blended finance y venture capital funds), brindando servicios de asesoría para simplificar los marcos de las alianzas público-privadas, así como soluciones relativas al último tramo de la conectividad (last-mile solutions). 

Con la aparición del COVID-19, la digitalización y el aumento de la demanda de conectividad vuelven a estar en el temario de las políticas nacionales de toda América Latina y el Caribe. La pandemia ha demostrado que el acceso a internet más que un lujo se ha convertido en un servicio vital.

La adopción generalizada de tecnologías digitales en los hogares, las empresas y los gobiernos de la región puede contribuir significativamente a alcanzar los objetivos del Grupo Banco Mundial de reducción de la pobreza y promoción de la prosperidad compartida. Sin embargo, para evitar que aumenten las desigualdades históricas y garantizar que la tecnología beneficie a todos, se necesitan más inversión tanto pública, como privada y de multilaterales.