Carta abierta Diputados Comisión Plena Tercera Asamblea Legislativa de Costa Rica

En nombre del Capítulo de Software Libre de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC), me permito saludarles y extenderles nuestra preocupación frente al proyecto de ley que se conoce en el expediente Nº 16.912, el cual se encuentra en el orden del día de la Comisión Plena Tercera.

El proyecto de ley para la utilización (obligatoria) de software libre en el Estado (Nº 16912) debería causar mucho entusiasmo entre las personas, micro y pequeños empresarios nacionales que nos hemos dedicado desde hace muchos años a ofrecer y prestar servicios al sector privado y a las instituciones del Estado para implementar soluciones de tecnologías de información aprovechando software libre. Evidentemente, somos unos de los principales beneficiarios indirectos del proyecto, pues tenemos intereses económicos personales o empresariales que supondrían un rotundo apoyo de nuestra parte al proyecto.

Y sin embargo, no apoyamos el proyecto. ¿Por qué?

Nos gusta pensar que la principal razón es porque las personas, micro y pequeños empresarios nacionales que nos dedicamos a esta industria hemos aprendido de las comunidades locales y globales de software libre el valor de la colaboración, de compartir conocimiento, de ser transparentes y abiertos, y a anteponer el bien común a los intereses personales.

No somos teóricos, somos empíricos. Como tenemos años de trabajo real de campo, de estar ofreciendo e implementando tecnologías de información a empresas privadas y a instituciones públicas, utilizando software libre, conocemos los obstáculos, los mitos y hasta los intereses espurios que evitan que el Estado utilice y aproveche más y mejor el software libre. Todos los días, cada semana, despertamos para luchar contra estos obstáculos. Lo hacemos, porque estamos seguros de que las soluciones que estamos ofreciendo e implementando son más idóneas, eficaces y eficientes para atender las necesidades de nuestros clientes, en los casos particulares en que somos expertos.

Comprendemos el complejo universo de las tecnologías de información, tanto en el sector privado como en el sector público, y precisamente por ello ninguno de nosotros se aventuraría jamás a proponer a nuestros clientes la utilización obligatoria de software libre en sus organizaciones, para cumplir la misión que los dueños -en el sector privado- o el pueblo -en el sector público- le ha encomendado a cada organización. Las tecnologías de información son un medio, no un fin, para el cumplimiento de los objetivos y la misión institucionales.

Conocemos el caos imperante en muchos de los departamentos de tecnologías de información de las instituciones públicas del Estado. Conocemos la ineficacia e ineficiencia de muchas de las tecnologías de información que allí se implementan. Y sabemos que muchas veces las tecnologías de información escogidas no son las más idóneas y que existen otras alternativas que las instituciones ni siquiera consideraron ni evaluaron.

Sin embargo, por responsabilidad cívica y profesional, no podemos apoyar una solución simplista a un problema tan complejo. A la postre, un proyecto de ley como el propuesto más bien contribuiría al caos en vez de corregirlo, pues no ataca ninguna de las raíces que originan el problema.

Hacemos nuestra la posición reiterada en múltiples ocasiones por la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC), de que el Estado debe neutralmente considerar todos los modelos de adquisición, implementación y uso de tecnologías de información y elegir en cada caso particular aquel que resulte más idóneo para atender sus necesidades.

Compartimos a continuación algunas de nuestras razones para no apoyar el proyecto, y algunas recomendaciones, para que las señoras y los señores diputados y el público en general puedan tomar decisiones más informadas en materia de implementación de tecnologías de información:

Leyes pétreas vs. vertiginoso cambio tecnológico

Hace escasos años no existían los apps, los teléfonos inteligentes, las redes sociales ni la computación en la nube; algunos años más atrás pocos tenían un teléfono móvil, una computadora y mucho menos una conexión a la Internet; y algunos años más atrás los pagos se hacían exclusivamente con dinero en efectivo o cheques y toda transacción bancaria ocurría frente a una máquina de escribir.

Estos avances tecnológicos trajeron consigo nuevas oportunidades, modelos y paradigmas que marcaron nuevas tendencias en el modo de desarrollar, adquirir, implementar y usar tecnologías de información. También trajeron consigo la muerte de viejos esquemas, modelos, paradigmas y tendencias. Y algunos de estos avances tecnológicos, que fueron nuevos y marcaron tendencias, murieron y fueron superados por otros avances tecnológicos, tan rápido como surgieron.

En contraposición, las normas de rango legislativo son casi pétreas, si se se les compara con el dinámico y hasta vertiginoso cambio que ocurre actualmente en el mundo de las tecnologías de la información.

Por lo tanto, en general, decretar normas con rango legislativo en materia de cómo adquirir y usar tecnologías de información en el Estado (incluido el software) requiere el máximo análisis y cuidado, porque la norma rápidamente queda obsoleta, corregir errores normados por esta vía es tortuoso y el impacto negativo para el Estado y la sociedad podría ser de mucha envergadura.

El proyecto de ley propuesto, en su redacción actual, ignora totalmente todo lo anterior. Sin haber sido decretado, ya es obsoleto, pues asume que la implementación de tecnologías de información se divide exclusivamente en dos mundos: o se utiliza software libre, o se utiliza software que no es libre, cuando la realidad es mucho más compleja y variopinta.

De ser aprobada, esta disociación entre la realidad y la norma resultará en que:

• Algunos administradores públicos, expertos y conocedores en la materia, ignorarán la norma por completo, pues tendrán de sobra justificados fundamentos para hacerlo.

• Otros administradores públicos, casados con intereses espurios, copiarán de otros o inventarán justificaciones para ignorar la norma, pues hay materia prima para hacerlo.

• Otros administradores públicos, los menos conocedores de la materia, entrabarán por completo la implementación de tecnologías de información en sus organizaciones, miopemente obligándose a desconocer el resto del universo de posibilidades de implementación de tecnologías de información.

El proyecto, cargado de loables intereses, en el mejor de los casos resultaría inútil para bajar los costos de adquisición de tecnologías de información en el Estado y para mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios públicos que dependen de las tecnologías de información, y en el peor de los casos, un enorme lastre para la administración pública.

La solución más idónea para atender una necesidad

En el complejo y variopinto universo de las tecnologías de información, la solución más idónea (en costo, eficacia y eficiencia) no puede ser conocida y mucho menos decretada a priori, sin haber considerado y evaluado todas las alternativas disponibles, que varían constantemente.

Pero el proyecto de ley propuesto supone, a priori, que el software libre siempre será la solución más idónea para atender las necesidades de la administración, cuando la realidad dicta que estas decisiones requieren estudios y criterios técnicos particulares para cada caso.

Análogamente, este proyecto de ley equivaldría a normar con rango legislativo, el tipo único ingeniería que debe usar de ahora en adelante el MOPT para construir cada puente y carretera del país, como si la ingeniería civil no tuviera continuos avances y cambios todos los días.

El proyecto de ley convierte en una única decisión política, con simplistas justificaciones, las cientos de decisiones técnicas de una materia tan compleja como la adquisición e implementación de tecnologías de información, que todos los días deberían estar tomando administradores públicos expertos en la materia, guiados por principios generales de gobernabilidad, gestión y control de las tecnologías de información.

Gobernabilidad, gestión y control de las tecnologías de información

La eficiencia y eficacia de las tecnologías de información en el Estado y el adecuado control de la inversión de recursos públicos no se puede alcanzar con soluciones simplistas, sino con un verdadero marco de gobernabilidad, control y gestión de las tecnologías de información, que las alineen al cumplimiento de los objetivos y misión institucionales de cada organización.

Para llegar a ello, el camino que falta por recorrer es mucho, pero hay algunos avances.

En el año 2007, la Contraloría General de la República aprobó y emitió las “Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información” (N-2-2007-CO-DFOE) que son vinculantes para toda la administración pública de Costa Rica, y que buscan una adecuada gobernabilidad, gestión y control de las tecnologías de información en la administración pública.

El valor del software libre

Como una de tantas formas de entregar de software, el software libre está enmarcado bajo un esquema de licenciamiento variable, pero que debe dejar clara la posibilidad de que los adquirentes del software puedan disfrutar de los siguientes beneficios:

• Libertad para ejecutar y hacer uso del software
• Libertad para estudiar, modificar y mejorar el software
• Libertad para copiar y distribuir el software o sus modificaciones

Así, el software libre se rige bajo principios de libertad, y no bajo requerimientos técnicos, requerimientos funcionales, modelos de negocio o costos.

Cualquier decisión al valorar la adquisición de software puede considerar estas libertades pero no debería estar sujeta a obligatoriedad como primer mandato, pues limitaría de antemano el ámbito sobre cualquier otro aspecto de importancia para el problema que desea resolver adquirente e inclusive sesgarlo por completo.

Recomendaciones

A las señoras diputadas y señores diputados que buscan resolver el caos imperante en muchos departamentos de tecnologías de información en el Estado, para lograr un verdadero control y uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, nos permitimos recomendarles estudiar los principios fundamentales que, a nuestro criterio, deberían regir en la adquisición, implementación y uso de tecnologías de información en el Estado:

1. Mayor acercamiento a los requerimientos funcionales y técnicos
2. Máximo aprovechamiento del software por parte de los usuarios
3. Uso de estándares y protocolos abiertos
4. Interoperabilidad de las tecnologías de información
5. Mayor independencia de proveedores del Estado de proveedores únicos
6. Propiedad pública del software crítico para Estado
7. Transparencia en el procesamiento de información
8. Seguridad de las tecnologías de información
9. Gobernabilidad de las tecnologías de información
10. Escalabilidad y continuidad del software a lo largo del tiempo

Aclaramos que el adquirente puede encontrar que las libertades del esquema de licenciamiento de software libre coincidan o complementen los requerimientos institucionales al buscar una solución de software, pero este deberá ser un análisis individual de cada solución y no una generalización del caso que prime por encima de los principios mencionados anteriormente.

Además, en materia de políticas públicas, invitamos a todos los ministerios e instituciones del Estado a dirigir, participar o ejecutar proyectos para el estudio, evaluación y aprovechamiento de tecnologías de información en toda su diversidad, incluyendo al software libre y a las libertades intrínsecas que este licenciamiento ofrece.

Dado lo expuesto anteriormente, nos permitimos solicitar audiencia a la Comisión Plena Tercera, a fin de expresar nuestra posición y aclarar o ampliar lo indicado en esta nota.

Cordialmente,

Oscar Retana | Presidente | Capítulo de Software Libre de CAMTIC