Cepal | Comunicado de prensa | boletinclic@camtic.org

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó en julio pasado el documento “La regulación del comercio electrónico transfronterizo en los acuerdos comerciales: algunas implicaciones de política para América Latina y el Caribe”.

En este informe se analiza cómo los países de la región han buscado regular el comercio electrónico en sus ACP, inicialmente con socios extrarregionales y más recientemente en algunos acuerdos intrarregionales.

Según indica Cepal, la creciente relevancia del comercio electrónico ha generado un debate sobre los desafíos regulatorios que este plantea, y sobre los eventuales cambios requeridos en la gobernanza del comercio mundial.

En ausencia de avances significativos a nivel multilateral, agrega, en la última década y media han proliferado los acuerdos comerciales preferenciales (ACP) que contienen disposiciones sobre comercio electrónico. Estas son muy diversas en su amplitud y profundidad, lo que refleja las distintas visiones de los principales actores de la economía digital sobre cómo se debe regular dicho comercio.

En el documento se detalla cómo el proceso de digitalización por el que atraviesa la economía mundial está transformando la composición del comercio mundial, las modalidades mediante las cuales éste tiene lugar y las fuentes de ventaja comparativa de los países.

La creciente relevancia del comercio electrónico ha generado un debate sobre los desafíos regulatorios que éste plantea, y sobre los eventuales cambios requeridos en la gobernanza del comercio mundial. En ausencia de avances significativos a nivel multilateral, en la última década y media han proliferado los acuerdos comerciales preferenciales (ACP) que contienen disposiciones sobre comercio electrónico. Éstas son muy diversas en su amplitud y profundidad, lo que refleja las distintas visiones de los principales actores de la economía digital sobre cómo se debe regular dicho comercio.

Este documento analiza cómo los países de la región han buscado regular el comercio electrónico en sus ACP, inicialmente con socios extrarregionales y más recientemente en algunos acuerdos intrarregionales. Se constata que no existe un único patrón, sino familias de acuerdos cuyo contenido refleja fundamentalmente la filosofía del socio respectivo, en particular los Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Ello da lugar a una gran heterogeneidad normativa, tanto en los aspectos vinculados con el acceso a los mercados como en los que dicen relación con el entorno regulatorio del comercio electrónico.

En la economía digital la escala es un factor relevante, entendida como el volumen del mercado y por ende del caudal de datos que éste genera. Ello pone de relieve la importancia de avanzar hacia un mercado digital regional, como lo ha propuesto la CEPAL.  Según señala el documento, esta es un área en la que los países de la Alianza del Pacífico (AP) y el MERCOSUR deberían trabajar en el marco de su agenda de convergencia. El régimen común ya existente en la AP, sumado a los recientes acuerdos de Chile con Argentina, Brasil y Uruguay, constituye una importante base a partir de la cual explorar opciones de convergencia entre ambos grupos.

En primer lugar, porque —a diferencia de los modelos estadounidense y chino— tiene por definición una visión regional. En segundo lugar, porque combina un grado importante de apertura —necesario para el desarrollo del comercio electrónico— con un énfasis marcado en regular los potenciales efectos disruptivos de la digitalización. En tercer lugar, la posibilidad de avanzar hacia un marco regional utilizando elementos relevantes del modelo comunitario se acrecienta por el hecho de, entre los tres actores principales a nivel mundial, la UE es el que tiene acuerdos comerciales vigentes —y en negociación— con el mayor número de países de la región.

Los países de la región debieran buscar aunar posiciones en el marco de las negociaciones sobre comercio electrónico recientemente iniciadas en la Organización Mundial del Comercio.

Ello es crucial para evitar que el resultado de éstas limite excesivamente el espacio para la definición de un marco regulatorio regional y para la tributación de las plataformas digitales.