Hubert Arias Zamora| Presidente | CAMTIC

Desde hace varios meses, Costa Rica enfrenta un proceso de reajuste económico y financiero que ha generado serias repercusiones en el consumo local, compra y venta de servicios de diferentes sectores socio productivos, provocando el aumento en la incertidumbre de la ciudadanía.

Aparejado a la reforma fiscal, una reforma por demás dolorosa y necesaria, el sector empresarial ha debido acometer con suma responsabilidad y con total claridad, el impulso a otras reformas que permitan generar un balance entre la forma en la que se recaudan impuestos, contención del gasto público y con mucho mayor rigor, el establecimiento de políticas para la reactivación económica, tan necesarias como el ajuste del gasto, pero hasta la fecha escasas.

No obstante lo anterior, la Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación (CAMTIC), así como otras organizaciones empresariales de gran peso -como la Cámara de Comercio que lo volvió a hacer el pasado 9 de enero-, han señalado de forma insistente, la práctica lesiva sostenida por el Estado en materia de contratación administrativa utilizando el mecanismo establecido en el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual, como bien se instituye, versa sobre excepciones al proceso de contratación.

Pese a ello, el Archivo Nacional y la Asamblea Legislativa publicaron recientemente concursos para plataformas tecnológicas, virtuales y servicios en telecomunicaciones que fueron tramitados por medio de la excepción del artículo 2.

Este comportamiento en materia de contratación de servicios y productos de diferente naturaleza ha sido reseñado innumerables veces por esta y otras cámaras empresariales afectadas directamente por la aplicación de este artículo.

El erario se ha visto seriamente perjudicado por la contratación de servicios con sobreprecios, así como la subcontratación de terceros con las competencias necesarias de las cuales no en pocas ocasiones las empresas públicas adolecen, lo que resulta como prueba fehaciente de la violación de los principios de transparencia, libre competencia y uso probo de los recursos de todos los costarricenses.

Es por esta razón que, en representación del bloque estratégico que compone esta organización, la cual reúne a más de 200 empresas de base tecnológica, hacemos un llamado a las señoras y señores diputados para que se aprueben el expediente 21.014, que busca modificar la excepción del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa.