Pablo Bello | Secretario General AHCIET | boletinclic@camtic.org

*Este artículo se publica por cortesía de AHCIET

Latinoamérica se enfrenta ahora a un debate de segunda generación respecto de las políticas públicas sobre Sociedad de la Información. Encaminado el panorama en lo que refiere a la conectividad y el cierre de la brecha digital, los servicios sobre Internet deben pasar al centro del debate, y en ese debate, un acuerdo regional vinculante que de homogeneidad a la regulación acerca de los datos personales, la ciberseguridad y la privacidad puede ser un gran paso adelante.

Si bien aún queda camino por recorrer para cerrar la brecha digital en la región -un camino que pasa por el aumento de las inversiones como refleja y desgrana el estudio Desafío 2020 publicado por AHCIET junto a Convergencia Latina’-, no es menos cierto que la conectividad de los latinoamericanos ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años. No obstante, el desafío ético y económico de universalizar el acceso sigue sobre la mesa, y requiere de un diálogo público-privado de envergadura.

Ahora, como ya afirmé en el marco del seminario organizado en Santiago de Chile el pasado 4 de febrero por La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Comisión Europea “Promoviendo la computación en la nube en Europa y América Latina”, para nuestros países la soberanía nacional no llega a la nube. Por razones de tamaño de mercado, es inviable que por separado, cada uno de los países latinoamericanos pueda establecer normativas para las grandes empresas de servicios sobre Internet; los Google, Facebook o Yahoo. Mientras los operadores de telecomunicaciones tienen una carga regulatoria importante en cada uno de los países, invierten, generan empleo y pagan impuestos, los grandes proveedores de servicios sobre Internet están al margen de todo ello. Es indudable que el ecosistema de Internet requiere tanto a las redes como a los servicios, pero ellos deben convivir en un entorno armónico que sea sustentable para ambos.

Para desarrollar el ecosistema digital en la región es necesario avanzar hacia un convenio con rango de tratado que establezca ciertas regulaciones homogéneas en el ámbito del cloud computing -y en general en la red-, sobre todo en asuntos que tratan acerca de los datos personales, la ciberseguridad y la privacidad. Proteger la identidad y la huella digital es esencial para disipar los nubarrones que conspiran contra el desarrollo del cloud computing, una tecnología llamada a generar importantes impactos socioeconómicos y que viene a dar una nueva vuelta de tuerca al uso de Internet; y es que el cloud computing trae la posibilidad de acceder en tiempo real a contenidos multimedia alojados en la nube.

La extensión global de la red y el cloud computing requieren de medidas armonizadas que den seguridad al sector y a los usuarios, como lo está haciendo la Unión Europea. Por ello es preciso que se pueda impulsar un convenio que permita establecer regulaciones homogéneas con una mirada regional que nazca de una discusión entre los países para que esa normativa llegue con acuerdos con rango de tratado que sean vinculantes. Podemos establecer mecanismos de protección para los ciudadanos latinoamericanos respecto a la información y los servicios que están en la red.

Además, como también recordé en el foro de la Cepal antes mencionado, el asunto impositivo no puede ser tampoco una barrera significativa, por lo que se requeriría trabajar además en que la región tenga una estructura tributaria armonizada que evite dobles o triples tributaciones. Por cierto, debe ser una regulación liviana, flexible a los cambios tecnológicos, que fomente el desarrollo de servicios innovadores, que estimule el desarrollo de contenidos locales y regionales. Pero así como la regulación fue fundamental para el avance del comercio electrónico en la región, los servicios en la nube requieren de un entorno de certidumbre y de protección a los ciudadanos.

En definitiva, regular sobre la red no debería hacerse con una mirada desde el Estado, sino regional e incluso global -como ya presumen proyectos como la Comisión Global sobre la Gobernanza de Internet que nació en la última cumbre de Davos- y con un alma homogeneizadora e integradora que fomente un marco de seguridad para inversores y usuarios al margen del país de origen de su IP.