• Sector tecnológico y de innovación padece de una ausencia notable de legislación.

Lic. Adrián Mora Sánchez | Abogado experto en tecnología* | boletinclic@camtic.org

La irrupción de Uber en nuestro país generó todo tipo de debates y uno de ellos se basó en la discusión fundamental sobre la pertinencia o no de regular una actividad de esta naturaleza.

Si la respuesta es que sí debe regularse, la siguiente pregunta es ¿cómo hacerlo? Debemos entender regulación como la función de la gestión pública, mediante la cual el Estado impone restricciones y condiciones al comportamiento de los agentes económicos, teniendo como eje transversal el interés público. Esta intervención estatal, puede estimular u obstaculizar la actividad, puede establecer el entorno idóneo para que la actividad o servicio genere un beneficio tanto para el empresario como el consumidor, o en su defecto, inhibir y afectar negativamente su ejercicio.

Las nuevas tecnologías de información y comunicaciones y la innovación son dos caras de la misma moneda, ambos constituyen un factor esencial para el crecimiento económico y el bienestar social de cualquier país. Esta trascendencia la resaltó la directora del FMI, Cristine Lagarde, cuando le consultaron hace poco, cuál consideraba que era el principal factor de desigualdad social: “la tecnología, por encima de las políticas gubernamentales, el sistema financiero o el comercio internacional”, respondió.

Lentitud

El sector tecnológico y de innovación, al contrario de otros sectores tales como los sectores energéticos y financieros, padece de una ausencia notable de legislación, mientras los sectores tangibles padecen de una “hiperregulación”, lo intangible, el caldo de cultivo para la innovación, carece de normativas. Nuestro país no es la excepción, muchísimos servicios, actividades asociadas a estas nuevas tecnologías carecen de una regulación, lo cual combinado a una endémica ignorancia por la mayor parte de juristas y abogados, produce el temido escenario de inseguridad jurídica.

La visión sistémica del Derecho representa una paradoja, al considerarlo como un sistema cerrado pero abierto a la sociedad para evitar su hermetismo, o un sistema abierto pero cerrado a los profundos y exponenciales cambios, lo cual generaría la consecuente inseguridad jurídica por la lenta e inadecuada proliferación de normativa en respuesta a dichos cambios. Con respecto a las TIC y la innovación, el factor lentitud es particularmente evidente, aún en países que asumiríamos ostentan una notable capacidad para responder aceleradamente a estos cambios, se ven afectados por la conducta vertiginosa y acelerada de las nuevas tecnologías. Para muestra, el caso de drones en Estados Unidos donde aún se está a la espera de la normativa que regule apropiadamente el uso de esos dispositivos.

Numerosos análisis de casos ilustran como la regulación cambia las condiciones del entorno en el que la empresa opera, alterando los incentivos, los riesgos y los costes de la innovación, y también el comportamiento de los consumidores frente a nuevos productos y tecnologías, el diseño e implementación de una norma impacta sobre la tecnología, siendo importante considerar al menos tres dimensiones distintas en la regulación.

En primer término, la flexibilidad, lo que significa que el regulador pueda optar por una norma coercitiva o incentivadora de un determinado comportamiento. Luego, la exigencia o nivel de cambio que es necesario introducir en los productos o procesos y que determinará los recursos mínimos que la empresa tendrá que destinar para cumplir con la norma. Por último, la calidad de la información contribuirá a reducir tanto las asimetrías entre consumidor y empresario como la incertidumbre, al ofrecer al mercado información más completa.

Teniendo presente el anterior marco conceptual, el Estado puede disminuir los riesgos asociados a la inadecuada regulación de una actividad tan crítica y determinante. El factor tiempo, es aún más complejo, el cual se ve agravado por nuestra realidad institucional y legislativa, el desconocimiento técnico-jurídico y la voluntad política.

Lo vital consiste en comprender que la imperante necesidad que conlleva la obtención del máximo beneficio de estas tecnologías para la mayor cantidad de ciudadanos, requiere necesariamente una respuesta pronta y adecuada a nivel normativo. El Estado costarricense debe contar con la capacidad para responder a este gran reto, porque el futuro no espera a nadie.

*Adrián Mora labora en LegalTech Abogados. SPC Internacional S.A.

**Las opiniones vertidas en este artículo son las del propio autor, y no representan necesariamente la posición de CAMTIC.